By Colombia es un país profundamente rural, biodiverso y desigual. Gran parte de su economía, de manera directa o indirecta, depende de los animales: la producción agropecuaria, el turismo de naturaleza, el transporte rural, la seguridad alimentaria, la investigación científica, la salud pública y hasta el bienestar emocional de millones de personas. Sin embargo, existe una contradicción estructural que seguimos evitando: nos beneficiamos ampliamente de la relación humano–animal, pero no hemos construido compromisos claros ni presupuestos coherentes para sostenerla de manera responsable.
Los animales aportan valor económico, social y ambiental en múltiples dimensiones. Sostienen economías locales, generan empleo, garantizan alimentos, mantienen ecosistemas funcionales y aportan estabilidad emocional y social en contextos de pobreza y aislamiento. Aun así, el bienestar animal sigue siendo tratado como un asunto marginal, dependiente de esfuerzos aislados, voluntarismo o recursos insuficientes.
En un país con alta ruralidad e inequidad, esta omisión no es menor. La ausencia de estrategias claras para redistribuir los beneficios que obtenemos de los animales hacia su bienestar y hacia las comunidades que dependen de ellos, profundiza las brechas sociales y territoriales. Mientras algunos sectores concentran ganancias, otros asumen los costos ambientales, sanitarios y sociales de sistemas mal regulados.
No hemos logrado traducir el beneficio colectivo que nos otorga la relación humano–animal en políticas públicas sólidas, con metas claras, indicadores de impacto y asignación presupuestal suficiente. El resultado es un sistema fragmentado: animales que producen riqueza sin protección adecuada, comunidades rurales que cargan con el desgaste, activismo sin fundamento técnico y un Estado que responde de manera reactiva cuando los problemas ya son crisis.
La relación humano–animal es multidimensional. Afecta la economía, la salud, la educación, el ambiente y la cohesión social. Por eso no puede seguir siendo abordada desde miradas sectoriales, “loables” o asistenciales. Requiere una visión integral que reconozca que todo beneficio genera una responsabilidad, y que esa responsabilidad debe expresarse en normas claras, inversión pública y corresponsabilidad entre Estado, sector productivo y sociedad.
No se trata de frenar el desarrollo ni de oponerse a la producción. Se trata de hacerlo bien. De entender que un país que se beneficia de los animales tiene el deber ético, moral y estratégico de garantizar su bienestar, de proteger a las comunidades que dependen de ellos y de asegurar que ese vínculo sea sostenible y ético en el tiempo.
Colombia tiene la oportunidad de liderar un modelo distinto a nivel mundial: uno donde el bienestar animal no sea el costo invisible del desarrollo, del fanatismo o la moda, sino una condición para que el desarrollo social justo, responsable y duradero.
Mientras no alineemos los beneficios que recibimos con los compromisos que asumimos, seguiremos sosteniendo una relación desequilibrada.
Y los costos de ese desequilibrio siempre recaerán sobre los más vulnerables: los animales, las comunidades rurales. Las mujeres, los niños y las generaciones futuras.